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Implicaciones politicas del aborto

EL ABORTO

Michel Schooyans

CAPITULO V

¿Vacío jurídico? ¿Vacío judicial? 

¿A nuevas costumbres, nueva ley?

Este argumento consiste en hacer resaltar el hecho de que dichas leyes no son respetadas. Como las costumbres han cambiado, las leyes deben adaptarse a su evolución y dejar de castigar, como lo hacen todavía, a los autores de abortos.

Así pues, la evolución de las costumbres pide que se deje de considerar punible el aborto. Esta evolución , por lo demás, es confirmada, en ocasiones, por los magistrados, algunos de los cuales, en efecto, vacilan en examinar, o incluso renuncian a hacerlo, los casos correspondientes a este "doloroso problema". Algunos ceden a oscuras presiones venidas de la opinión pública, de los medios de comunicación, del hombre de la calle o incluso de sus jefes. Se concluye de ello que existe en "vacío jurídico", con lo que se quiere decir que existe "inseguridad" o "incertidumbre" jurídicas. La ley no es ni aplicada ni aplicable. Es como decir que está abrogada y, en cualquier caso, que hay que cambiarla.

Señalemos al paso la singularidad del sistema: para obtener la abrogación de una ley hay que empezar por violarla de forma gravísima y pública, con alguna complicidad, si necesario fuera, en las estructuras mismas del Estado.

Así se obtendrá su supresión por la buena razón de que había dejado de aplicarse...

Del vacío judicial...

Pero no hay que dejarse engañar por las palabras: el vacío de que se habla no es jurídico sino judicial. La ley no ha sido abrogada, lo que ocurre es que los magistrados, por razones externas al derecho, vacilan en aplicarla.

Este "vacío judicial" - por lo demás relativo - es malsano por diversas razones. Puede alterar la imagen de la magistratura, muy justamente apegada tanto a su independencia como a su integridad. Este "vacío judicial" sirve de revelador: muestra cuántos magistrados se pliegan a las presiones y están expuestos a las arbitrariedades que les llegan a veces en forma de simples consejos. Y ya se sabe lo que resulta de todo esto: cuando se trata de nombrar a responsables de funciones importantes, el poder ejecutivo distingue los candidatos "fiables" de los que no aceptan una "independencia limitada". Se invoca entonces la abstención del poder judicial para hacer presión sobre el legislador. Este se inclina a sustituir al juez para estimar las circunstancias particulares; al mismo tiempo, frente a los obstáculos que surgen en el Parlamento mismo, puede ocurrir que algunos legisladores no vacilen en pedir al ejecutivo que sugiera a los magistrados que suspendan los procedimientos. ¡En suma, si no se tratara de un típico triángulo, habría que hablar de un círculo vicioso! Este pretendido vacío jurídico, en realidad judicial, acaba por revelar la fragilidad, incluso en los país de tradición democrática, de la separación de poderes.

... al vacío jurídico

Y lo que todavía más incoherente es que el remedio propuesto a este "vacío judicial" es un vacío jurídico auténtico. Se empieza por denigrar la ley en razón de su carácter penal: hay que sacar al aborto del marco de lo penal para poder legalizarlo. La argumentación sigue entonces la línea siguiente: el aborto no sólo ha entrado en las costumbres, como ya se ha dicho; ha sido además elevado, en la práctica, a la condición de un derecho que se ha de reconocer a la mujer. La ley belga, por ejemplo, debe rechazarse por una doble razón: se niega a reconocer a la mujer un derecho que sólo a ella pertenece y condena a las mujeres que ejercen ese derecho sobre su cuerpo al igual que quien le ayuda a ejercerlo.

Esta argumentación ignora completamente un dato esencial del problema: audiatur et altera pars: hay que tener en cuenta el derecho de la otra parte, el del niño por nacer. Las leyes tradicionales que penaban el aborto procedían de premisas que tenían en cuenta el derecho de las dos partes interesadas. Sin cuestionar lo más mínimo el derecho y los derechos de la mujer, dichas leyes ponen de manifiesto el derecho a la vida del niño por nacer. Los que han redactado las leyes hoy atacadas sabían ya lo que algunos se niegan a tener en cuenta hoy: es decir, que se trata de un ser humano. Estas leyes se limitan a poner en práctica el principio general característico de toda sociedad democrática: la igualdad de derechos de todos los seres humanos respecto a la vida. Por lo tanto, el carácter penal de la ley no es más que la consecuencia de un derecho anterior, inalienable, del niño no nacido; y es la violación de este derecho lo que pide y justifica una sanción penal.

El desamparo del niño y la mujer

Con el pretexto de dotar de un nuevo "derecho" a la mujer, los que proponen dejar de castigar y legalizar el aborto ponen en jaque el principio fundamental de que todos los seres humanos son iguales frente a la vida. Los autores de estas propuestas o proyectos quieren que triunfe otro principio, según el cual la mujer dispone, frente al niño que lleva en su seno, de una libertad individual total, ilimitada. Puesto que las mujeres pueden disponer de su cuerpo del ser humano que llevan en su interior. El médico debe ayudarles a ejercer ese "derecho".

No castigar el aborto no significa, pues, simplemente el suprimir la sanción penal ligada al aborto. Significa ante todo desamparar al niño, privarlo de protección, encerrarlo en el limbo del a sociedad política y jurídica, exponerlo al poder arbitrario de un tercero. Pero ello significa además desamparar a la mujer frente a la impunidad habitual de los hombres frente a todos los que están interesados en hacerla abortar.

El vacío jurídico al que conduce la legalización del aborto reviste la misma gravedad desde otro punto de vista, además del efecto, otras ramas del derecho, como el derecho civil o el derecho social, reconocen al niño por nacer, concediéndole derechos y cierta capacidades. Nos referimos aquí al derecho que tiene el niño por nacer de heredar y recibir legados, donaciones o indemnizaciones. Al legalizar el aborto, es decir, al suprimir la protección penal del niño por nacer, el legislador crea, por consiguiente, un peligroso vacío jurídico, unido a una incoherencia.

Por último, el supuesto "vacío jurídico" se sustituye no sólo por un auténtico vacío jurídico, sino además por un nuevo vacío judicial, y éste también verdadero, ya que las disposiciones penales que acompañan a las legislaciones que autorizan el aborto no son aplicadas prácticamente nunca. La experiencia así lo demuestra.

Una legislación retrógrada

Se manifiesta así que una ley que autoriza el aborto desborda necesariamente el objetivo que pretendía alcanzar. Instaura, en efecto, el principio y la práctica de una discriminación entre distintas categorías de seres humanos. Es este sentido, una propuesta encaminada a la adopción de este tipo de legislación vuelve la espalda a la dinámica democrática que atraviesa la historia del Occidente y debe, pues, considerarse como reaccionaria. Estamos, en efecto ante una situación paradójica. Por un lado, todas las declaraciones de derechos proceden de una reacción frente al acaparamiento del poder por el príncipe; por otro, los partidarios de la legalización del aborto tienden a instaurar un movimiento de sentido inverso: empujan al Estado a recortar el alcance de estas mismas declaraciones.

Y como se niega la articulación existente entre derechos y deberes, se niega igualmente que una declaración del derecho a la vida pueda ser universal. Estas propuestas y proyectos constituyen retractaciones con respecto a la dinámica democrática que se expresa en las grandes declaraciones; son literalmente retrógradas. Unas instituciones ordenadas a la instauración de la justicia y del bien común son desviadas para ponerlas al servicio de la muerte.

El derecho al servicio del homicidio

Aun cuando desagrade a los que irritan tales evocaciones, la legalización del aborto introduce un principio de discriminación análogo al instaurado por el nazismo. A los acusados de Nuremberg se les reprochó no tanto el haber hecho profesión de nazismo como el haber llevado a la práctica este principio discriminatorio. Lo mismo se le reprocha, hoy en día, al régimen de apartheid en Sudáfrica.

Así pues, una vez más, se hace manifiesto que el positivismo jurídico, desligado de toda referencia ética, amenaza con movilizar al derecho contra los derechos humanos, pues el derecho puede dar su aval a la tiranía y legalizar el despotismo. En una sociedad democrática, el Estado de derecho no se caracteriza simplemente por la existencia y el respeto de la ley. Se caracteriza por el fomento, llevado a cabo por todos, de la justicia para todos, es decir, del respeto de la vida de todos, de la libertad y de la igualdad para todos.

Un Estado democrático en que se legaliza el aborto es un Estado que consiente en dejarse descarriar: se inicia, en efecto, un proceso perverso que altera su naturaleza democrática e induce en él una mutación totalitaria. Y este proceso se ve acelerado por aquellos que, a fuerza de enmiendas, pretenden proteger al niño por nacer al mismo tiempo que legalizar el aborto.

El estudio de los totalitarismos contemporáneos muestra, por lo demás, que éstos han surgido de la omisión, de la irresponsabilidad o del cinismo de minorías intelectuales de una tal arrogancia que nada podía rendir. El nazismo, por ejemplo, que tuvo sus médicos, también tuvo sus juristas, y fueron unos ideólogos dementes quienes llevaron al pueblo alemán a divinizar a Hitler.

Los juristas que despliegan todos los recursos de una técnica abstracta para refinar las "disposiciones legales" de regulación del aborto están condenados a crear un monstruo, pues el derecho se suicida si legalizan el crimen. Estos juristas no son ajenos a una lúgubre tradición intelectual, por no decir política, en que se ilustró Karl Binding.

Y lo que olvidan estos juristas es que un debate sobre la legalización del aborto no es una polémica; es una guerra. Una guerra en un solo sentido, en la que el agresor, verdaderamente cobarde, no tiene ni siquiera que enfrentarse a su víctima. Una guerra en la que los más fuertes, ocultos tras su máscara, reivindican a priori el respaldo del Estado para acorralar a sus víctimas. Porque el aborto es una guerra de verdad con verdaderos heridos y verdaderos muertos.

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